Recomendaciones de la Sociedad Civil para el Panel del SGONU sobre Minerales Críticos para la Transición Energética

Principios para Asegurar que los Minerales de la Transición Energética Promuevan la Justicia, la Equidad y los Derechos Humanos

«Un principio brilla en el corazón de esta iniciativa – y ese principio es la justicia. Justicia para las comunidades donde se encuentran los minerales críticos… Justicia para los países en desarrollo en la producción y el comercio; y justicia en la revolución energética global.»

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Lanzamiento del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, 26 de abril de 2024

Contexto

El mundo necesita urgentemente la eliminación rápida y justa de los combustibles fósiles y una transición a un sistema energético global 100% renovable y sin emisiones de carbono de origen fósil. No hay ninguna justificación para el retraso.

La idea de que debemos elegir entre combatir el cambio climático o defender los derechos humanos es una falsa dicotomía. Los objetivos climáticos solo se lograrán cuando los derechos humanos, la equidad y la inclusión estén en el corazón de las políticas climáticas.

El lanzamiento del Panel del Secretario General de la ONU sobre Minerales Críticos para la Transición Energética es una oportunidad para desarrollar principios globales que aseguren que el suministro de los minerales necesarios para eliminar los combustibles fósiles promueva la justicia, la equidad y los derechos humanos.

Para ayudar a guiar al Panel del Secretario General de la ONU, nuestras organizaciones, que reúnen a más de 286 grupos de Pueblos Indígenas, sindicatos y activistas laborales, y organizaciones de justicia climática, justicia ambiental, derechos del niño y derechos humanos, han desarrollado recomendaciones que describen cómo un enfoque transformador sobre los minerales de transición puede contribuir a crear un sistema energético global más justo.

Principios para Asegurar que los Minerales de la Transición Energética Promuevan la Justicia, la Equidad y los Derechos Humanos

1. Reducir la Demanda de manera Equitativa

1.1: Los gobiernos, especialmente en los países desarrollados, deben reducir su uso de energía y de materiales alineándose con la necesidad de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius antes de 2030, para reducir el consumo excesivo de minerales de transición y permitir una energía equitativa, eficiente y suficiente para todos. Deben asegurarse al mismo tiempo, de que el uso excesivo de energía no se haga a costa de una continua falta de acceso a la energía en los países en desarrollo. Los gobiernos deben apoyar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que especifica energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. Al medir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para informar la toma de decisiones, los gobiernos deben asegurarse de tener en cuenta el ciclo de vida completo de los bienes consumidos en sus países y no solo la fase final de uso de estos bienes.

1.2: Los gobiernos, especialmente en los países desarrollados, deben reducir la demanda de minerales del sector del transporte mediante políticas que permitan cambios sistémicos hacia el desarrollo de transporte público electrificado y la eliminación de barreras para acceder al transporte público; inversiones en procesos de planificación urbana que involucren a las comunidades y que apoyen el desplazamiento a pie, el uso de bicicletas y el transporte compartido; y vehículos privados más pequeños y de menor tamaño de batería.

1.3: Los gobiernos deben promover prácticas de uso responsable de minerales, incluyendo mediante medidas de regulación, tales como aumentar la circularidad rediseñando sistemas y productos para aumentar su ciclo de vida y permitir el mejor uso posible de los materiales; requerir modularidad, estandarización y facilidad de desensamblaje; promover un acceso robusto a la información para la reparabilidad, reutilización y repropósito; y requerir un reciclaje adecuado. Los gobiernos de los países desarrollados deben asegurarse de que sus políticas no conduzcan a que los residuos industriales de las instalaciones de procesamiento y la tecnología obsoleta sean descartados de manera incontrolada en los países en desarrollo.

2. Proteger a las Personas y al Planeta

2.1: Los gobiernos y las empresas deben proteger y respetar el derecho de los Pueblos Indígenas a la autodeterminación y al Consentimiento Libre, Previo e Informado antes y durante la concesión de licencias, extracción y procesamiento de minerales, en plena alineación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales).

2.2: Los gobiernos deben desarrollar un marco robusto para identificar, evaluar, prevenir y/o mitigar los impactos específicos en los territorios de los Pueblos Indígenas si y cuando tales proyectos de extracción y procesamiento se aprobasen para tener lugar, y asegurar que los Pueblos Indígenas tengan acceso a esta información antes de que se lleve a cabo el dicho proyecto. Las instituciones financieras deben adoptar políticas para evaluar y reportar sobre el riesgo que los proyectos representan para los derechos de los Pueblos Indígenas tanto en proyectos de las empresas a las que financian como en sus propias inversiones.

2.3: Los gobiernos y las empresas deben asegurar que todas las comunidades y titulares de derechos puedan ejercer su derecho a acceder a información relevante y a participar en las decisiones que les afectan y que esto se haga de manera segura, culturalmente adecuada, inclusiva y apropiada para todas las edades, asegurando una representación diversa y equilibrada en términos de género, durante todo el ciclo de vida de los proyectos, incluyendo las decisiones sobre licencias y permisos para nuevas operaciones mineras y de procesamiento, planes de contingencia ante emergencias, desmantelamiento, clausura y reutilización de sitios existentes. Los gobiernos también deben asegurar el derecho de todos los ciudadanos a participar en la formulación de políticas en el sector de minerales de transición.

2.4: Los gobiernos deben negociar, ratificar y hacer cumplir tratados vinculantes y leyes y regulaciones nacionales que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales en toda su cadena de valor, mediante la realización de diligencia debida en derechos humanos y ambientales y el acceso significativo a remediación para los titulares de derechos que sean afectados.

2.5: Los gobiernos y las empresas deben asegurar que los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los trabajadores en los sectores formales e informales tengan acceso a remediación oportuna y asistencia legal cuando sean perjudicados por la extracción o el procesamiento de minerales. Esto debe ocurrir tanto a través de procesos estatales, no judiciales y judiciales, que sean efectivos y transparentes, como tanto de mecanismos de quejas de las propias empresas. Además, esto debe incluir la opción de cooperación transfronteriza cuando la remediación en el estado anfitrión no sea accesible o efectiva.

2.6: Los gobiernos deben asegurar que las empresas que extraen y procesan minerales cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas, ambientales y de gobernanza en sus propias operaciones y las de sus empresas afiliadas, incluyendo a través de evaluaciones rigurosas de impacto ambiental, social y de derechos humanos, basadas en la mejor tecnología y práctica disponible, diligencia debida en derechos humanos y ambientales, y medidas de integridad contra la corrupción basadas en estudios de riesgo.

2.7: Los gobiernos y las empresas deben promover y avanzar la igualdad de género en el sector minero, incluyendo la promoción de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, abordando la violencia de género y asegurando un acceso equitativo a los beneficios y recursos.

2.8: Los gobiernos y las empresas deben prohibir y evitar cualquier exploración o desarrollo mineral en áreas protegidas y otros lugares de alta biodiversidad, conservación y valores de patrimonio cultural, así como en áreas relevantes de captura de carbono de alto valor, y aplicar el principio de precaución para apoyar medidas efectivas de protección ambiental.

2.9: Los gobiernos y las empresas deben minimizar y ser transparentes sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de la extracción y el procesamiento de minerales, incluyendo la eliminación rápida del uso de combustibles fósiles para la energía, asegurando cero deforestación y favoreciendo métodos de extracción y procesamiento con la menor intensidad de emisiones.

2.10: Los gobiernos y las empresas deben poner fin a la criminalización de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, reconocer y comprometerse a proteger sus derechos y legitimidad adoptando y divulgando políticas relevantes para protegerlos de ataques, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, violencia, acoso, incluyendo a través de litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP), y represión, y proporcionar reparaciones efectivas. Los gobiernos y las empresas deben proteger y respetar el espacio cívico y la libertad de los medios de comunicación.

3. Apoyar Políticas de Desarrollo y Fiscales Equitativas 

3.1: Los gobiernos de los países desarrollados y las instituciones financieras internacionales deben proporcionar a los países en desarrollo que producen minerales de transición una financiación adecuada, en forma de subvenciones, asistencia técnica y transferencias de tecnología necesarias para maximizar responsablemente el valor que obtienen de la extracción y el procesamiento de minerales, y promover la producción y el uso doméstico de tecnologías de energía renovable.

3.2: Los gobiernos deben promulgar, y las instituciones financieras internacionales deben promover, regímenes fiscales y reformas de administración fiscal que equilibren la fiabilidad y la flexibilidad, y minimicen los riesgos de evasión fiscal, requiriendo el uso de mecanismos transparentes para fijar los precios, como por ejemplo uso de precios de referencia donde sea factible, evitando exenciones fiscales y reducciones de retención de impuestos, y limitando el alcance y la duración de las cláusulas de estabilidad.

3.3: Los gobiernos, especialmente en los países productores, deben asegurar que los ingresos fiscales generados por la extracción, el procesamiento y la transformación de minerales promuevan un desarrollo sostenible y equitativo y generen beneficios tangibles para todos los ciudadanos, y particularmente para los Pueblos Indígenas, las comunidades locales afectadas por la minería, los jóvenes y los niños, y las mujeres.

3.4: Los gobiernos deben apoyar un proceso ambicioso de reforma fiscal global bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Materia Tributaria para evitar la evasión fiscal, la fijación abusiva de precios de transferencia y otras formas de evasión fiscal en operaciones internacionales, como los acuerdos de doble imposición, y mejorar el intercambio de información a través de las fronteras.

3.5: Los gobiernos deben promulgar regulaciones e incentivos que favorezcan modelos de negocio que creen prosperidad compartida y con enfoque intergeneracional, a través de la gobernanza participativa, como la propiedad o cogestión comunitaria total o parcial, respaldada por términos fiscales justos, ofreciendo espacios en la mesa de discusión para aquellos afectados por los proyectos mineros, incluyendo mujeres, personas de género diverso, Pueblos Indígenas, y mineros artesanales y de pequeña escala y de las generaciones futuras..

3.6: Los gobiernos deben promulgar políticas que promuevan la inclusión de requisitos de contenido local en los proyectos de extracción de minerales, asegurando que las comunidades locales se beneficien de oportunidades de empleo, desarrollo de habilidades y oportunidades comerciales relacionadas con el sector minero. Las políticas de contenido local deben implementarse de manera que los beneficios se distribuyan equitativamente y estén libres de corrupción.

3.7: Los gobiernos deben, a través de una legislación y políticas robustas de acceso a la información, asegurar la transparencia sobre los ingresos generados por la extracción, el procesamiento y el comercio de minerales, incluyendo el requerimiento a los gobiernos y las empresas de divulgar licencias, contratos, acuerdos de asociación, acuerdos comerciales y de inversión, información de propiedad beneficiaria, volúmenes de producción, ventas y procesamiento, costos, información de auditoría de costos, pagos a nivel de proyecto a los gobiernos, economía de proyectos y reporte de impuestos país por país.

3.8: Los gobiernos y las empresas deben establecer políticas basadas en análisis de riesgo con principios de cero tolerancia a la corrupción en la minería, el procesamiento y comercio de minerales, que incluyan la concesión de licencias, permisos y aprobaciones, contratos de adquisiciones y proveedores, ventas y comercialización de productos básicos, además, los gobiernos deben mejorar capacidades institucionales para investigar y procesar a individuos y empresas implicados en corrupción.

4. Promover el Comercio y la Inversión Internacional Equitativos

4.1: Los gobiernos deben reformar los marcos de inversión y comercio internacional para fomentar la adopción de los estándares de gobernanza, sociales y ambientales más altos, y permitir que los países agreguen valor a los minerales extraídos en su territorio. Los países ricos en recursos deben tener la capacidad de gestionar sus exportaciones de minerales en alineación con sus estrategias nacionales de desarrollo y experimentar con las diferentes herramientas de políticas a su disposición de manera transparente, responsable, inclusiva y con rendición de cuentas democráticas.

4.2: Los gobiernos deben retirarse de, o terminar, los acuerdos existentes que proporcionan mecanismos de resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS), eliminar las cláusulas relacionadas con ISDS de los acuerdos existentes y encontrar acuerdos mutuamente beneficiosos que no amenacen la soberanía de los países y su capacidad para fortalecer sus sistemas legales nacionales y las políticas de derechos humanos y medioambientales, y asegurar que las disputas puedan resolverse de manera transparente y estable.

4.3: Los gobiernos deben cancelar y reestructurar la deuda de los países de ingresos bajos y medios, según sea necesario, para eliminar las trampas por deuda que impiden que los minerales contribuyan al desarrollo sostenible de los países productores. Esto creará más espacio fiscal para apoyar la industrialización y diversificación económica nacional. Los gobiernos deben evaluar rigurosamente cualquier acuerdo de trueque de minerales, préstamos respaldados por recursos y otros acuerdos de minerales para asegurar que generen beneficios públicos y locales.

5. Asegurar una Acción Firme de las Naciones Unidas sobre Minerales de Transición

5.1: Los gobiernos deben basarse en los estándares y principios voluntarios acordados multilateral y equitativamente, incluidos aquellos que serán emitidos por el Panel del Secretario General de las Naciones Unidas, mediante tratados vinculantes y leyes y regulaciones nacionales que requieran que los gobiernos y las empresas respeten los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas, protejan el medio ambiente y se adhieran a las mejores prácticas de gobernanza, con la visión de que solo los marcos vinculantes pueden llevar al cambio.

5.2: El Secretario General de las Naciones Unidas debe establecer un mecanismo de las Naciones Unidas, basado en un enfoque inclusivo y participativo que asegure el acceso de las comunidades locales afectadas y los Pueblos Indígenas, y que se encargue de monitorear, investigar y abordar quejas sobre derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas, medio ambiente o gobernanza relacionados con la extracción y el procesamiento de minerales.

5.3: El Secretario General de las Naciones Unidas debe crear y financiar un grupo de trabajo multiactor, que incluya la participación directa de los Pueblos Indígenas, sindicatos, comunidades locales que albergan la minería de minerales de transición, mujeres y organizaciones de la sociedad civil, para supervisar un plan de implementación que dé seguimiento a las recomendaciones del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, y organizar una reunión anual para evaluar el progreso en la implementación.

Organizaciones firmantes: