Hace seis meses, el gobierno nigeriano anunciaba que había firmado un nuevo contrato con AREVA por la producción de uranio del país. El contrato en sí se tenía que haber firmado diez meses antes y el proceso de negociación había sido difícil y también alargado, ya que el gobierno buscaba reequilibrar su relación con AREVA y conseguir un arreglo justo para su uranio. Por su parte, AREVA rechazó la aplicación del Código de Minería de 2006 a sus operaciones en Níger. La sociedad civil – y especialmente la coalición Publish What You Pay – luchó mucho para asegurar que el nuevo contrato cumpliera con el código de minería de 2006 y representara un acuerdo justo para el país. Cuando el convenio fue anunciado en octubre del año pasado, ambas partes afirmaron que a AREVA se le había impuesto el código de minería del país, con su tasa impositiva más alta.
La sociedad civil no ha podido comprobar todavía estas declaraciones a los seis meses de la firma del contrato porque el mismo no ha sido publicado aún. Tal como indicó PWYP Níger/ROTAB en su reciente comunicado de prensa, esto infringe la constitución del país, que estipula la obligación de publicar los contractos extractivos.
La situación se vuelve aun más turbia, ya que un tribunal francés falló a principios de mes – en el famoso caso del “regalo de AREVA”, donde se dice que la empresa habría pagado por un avión presidencial – que la empresa era culpable de corrupción. AREVA le había hecho juicio a la ONG francesa Observatoire Nucléaire cuando dicha ONG publicó la primicia, pero el tribunal francés falló que “moralmente” la compañía había hecho un intento de corrupción. Aunque este fallo es bienvenido, no deja a los ciudadanos nigerianos en ninguna posición mejor, ya que ningún “regalo” de AREVA llegó al presupuesto y los detalles del acuerdo sobre uranio siguen ocultos.