Más allá de las soluciones económicas: principios indígenas para una transición justa en medio de la crisis climática

Después de nueve años, mi pueblo -y más de 600,000 personas, organizaciones y municipios — comparecen ante los tribunales en busca de justicia contra BHP, empresa dedicada a la extracción de mineral de hierro. En 2015, una presa de relaves se derrumbó cerca de Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, y lo perdimos todo. Tanto mi propia familia como muchas otras perdimos nuestras casas, nuestras tierras y nuestra agua. Nuestras formas de vida han cambiado considerablemente. Las comunidades krenak, pankararu y quilombolas, todas ellas perjudicadas por la catástrofe, no han acudido a los tribunales en búsqueda de dinero. Todas buscamos que se haga justicia. Esta justicia nunca nos devolverá las vidas, los ecosistemas, las plantas y los animales que hemos perdido, ni nos devolverá a nuestro Abuelo, nuestro río ancestral Río Doce, al que llamamos cariñosamente Watu.  

Los cambios impuestos por las empresas mineras en nuestra región nunca han sido justos, ni nos han traído beneficios o han sido bien recibidos por nuestras comunidades. Las tragedias como las ocurridas en 2015, al igual que muchas otras injusticias, tienen que acabar. Para ello, es necesario hacernos oír. 

Líderes indígenas de todo el mundo han destacado recientemente la imperiosa necesidad de integrar las perspectivas y los conocimientos indígenas en las estrategias mundiales de transición energética y han definido una visión conjunta en una cumbre histórica celebrada en Suiza. Ante la creciente demanda de minerales de transición utilizados en la producción de energía renovable para hacer frente a la crisis climática, es esencial adoptar un enfoque territorial para impedir la creación de nuevas zonas de sacrificio, explotadas en nombre de la reducción de los combustibles fósiles.

Dado que los países han fracasado sistemáticamente en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, nuestras comunidades siguen sufriendo los efectos nocivos de la minería. Muchos territorios indígenas, como el valle de Jequitinhonha en Brasil, Atacama en Chile y las comunidades de los Uro en Bolivia, poseen una gran riqueza de minerales de transición. Los habitantes de estas regiones se enfrentan a graves amenazas contra sus lugares sagrados, su agua y sus tierras.

Por ejemplo, en la comunidad de Piauí Poço Dantas, en Itinga (Valle de Jequitinhonha), donde operan Sigma, Atlas y CBL – empresas dedicadas a la extracción de litio -, Djalma Gonçalves, un joven del pueblo Aranã Caboclo, me contó que los habitantes sufren problemas respiratorios debido a la extracción de litio y al polvo suspendido en el aire. Visité el lugar y comprobé que las casas se están agrietando y las calles están bloqueadas, lo que dificulta el acceso de las ambulancias y otros servicios públicos a las comunidades. El río está sucio y al borde de la desaparición. Djalma lo expresó claramente: «El Valle de Jequitinhonha se está convirtiendo en una zona de sacrificio para la economía verde». 

No podemos combatir la crisis climática sin tener en cuenta las repercusiones sociales y culturales de la minería, como los desplazamientos y la pérdida de medios de vida. Los defensores indígenas exigen una acción transformadora que respete las perspectivas indígenas, promueva la sanación de la naturaleza e integre la justicia medioambiental, social y económica más allá de la simple mercantilización de los recursos.

Exigimos que se respete nuestro derecho a decir no 

En primer lugar, debe respetar nuestro derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Es indispensable que como gobiernos propios, contemos con la autoridad para dar o negar nuestro consentimiento a cualquier proyecto de extracción que nos afecte, como lo garantiza la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, la autodeterminación, la gobernanza, el patrimonio cultural y los derechos sobre la tierra son fundamentales para alcanzar una verdadera solución a las tres crisis actuales de la humanidad. 

Los pueblos indígenas también procuran participar activamente en la toma de las decisiones que determinan las políticas energéticas y medioambientales para cumplir los compromisos climáticos, conforme a marcos como el Acuerdo de París. 

La justicia y las políticas económicas deben ir más allá de la compensación financiera por pérdidas y daños causados por el clima. Se deben conferir facultades a los pueblos indígenas como agentes activos, no como receptores pasivos de políticas o fondos públicos, involucrándolos directamente en la planificación y ejecución de los cambios junto con quienes toman las decisiones. 

Aunque la participación indígena en eventos internacionales como las COP y los foros de la OCDE ha aumentado, seguimos enfrentándonos a importantes desafíos. La defensa de nuestras tierras contra los proyectos de extracción nos expone con frecuencia a la violencia, la intimidación y la criminalización. Los sitios sagrados siguen amenazados por la falta de protección jurídica. 

Un esfuerzo común para situar el conocimiento indígena en un lugar central de la transición

Muchas partes del mundo, al igual que el valle de Jequitinhonha, se enfrentan a inundaciones, sequías y calor extremo. Los sistemas existentes se concentran en la agricultura industrial, la minería y el alto consumo, factores que siguen deteriorando el medio ambiente. En lugar de esto, lo que necesitamos es un enfoque sostenible y equitativo, que promueva una nueva relación con la Tierra, restaurando los bosques y protegiendo las fuentes de agua. El conocimiento indígena es fundamental para encaminarnos hacia valores como la sanación, el cuidado y la sostenibilidad. Para promover esta visión se requiere el esfuerzo común de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Estos deben: 

1.  Abogar por la participación directa de los pueblos indígenas en la formulación de políticas, especialmente en los proyectos de transición de minerales y energías renovables que afectan a sus tierras. Esto significa incorporar activamente los conocimientos indígenas en la formulación de políticas, por ejemplo, aplicando protocolos comunitarios para el CLPI, y diseñando mecanismos que garanticen el liderazgo de los pueblos indígenas en el ciclo completo de los proyectos: valoración, seguimiento, evaluación y distribución de los beneficios.
2.  Crear una red de apoyo para ofrecer protección jurídica, acceso a la justicia y seguridad a los defensores del medio ambiente y los pueblos indígenas. Ya es hora de que la promoción y la aplicación de los marcos jurídicos se transformen en planes de acción. La región de América Latina y el Caribe puede asumir un claro liderazgo armonizando las políticas nacionales con los acuerdos de París y Escazú, y con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

La ruta hacia una transición justa debe ser guiada por las voces y los conocimientos de los pueblos indígenas, cuyas tierras y vidas se ven frecuentemente sacrificadas en favor de los objetivos económicos mundiales. Una transición justa no sólo tiene que ver con la energía o la economía, sino con devolver el equilibrio, respetar nuestro patrimonio cultural y preservar la Tierra para las generaciones futuras.