El pasado mes de diciembre, el Parlamento francés adoptó una normativa de divulgación obligatoria que obligará a las compañías extractivas a publicar sus pagos. Esta normativa, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015, representa la incorporación en Francia de las Directivas de la UE en materia de Transparencia y Contabilidad. El Reino Unido ya ha empezado a implementarlas y el resto de estados miembros de la UE deberán incorporarlas hasta el verano de 2015.
Así pues, la sociedad civil de todo el mundo tendrá acceso en 2016 a la información sobre cuánto han pagado compañías como AREVA o TOTAL a los gobiernos por sus recursos naturales. Para Brice Mackosso, Coordinador de PLQP en Congo Brazzaville, este es un hito importante: “Esta ley es un paso adelante para la transparencia en África. Podremos obtener información detallada sobre los pagos realizados a nuestros gobiernos por compañías como TOTAL. Esto nos permitirá pedirle cuentas a nuestro país para que los ingresos procedentes del petróleo beneficien a todo el mundo. Estos informes estarán disponibles en Internet de forma gratuita y es importante que se publiquen en un formato abierto y operativo”.
No obstante, algunos activistas de la campaña en Francia estaban decepcionados porque los diputados franceses no aprovecharon esta oportunidad para exigir que las empresas publiquen también sus cifran de instalación en cada país, un dato que habría sido extremadamente útil en la campaña de rastreo de flujos financieros ilícitos y es un dato que ya se les exige a los bancos franceses. A pesar de ello, este hecho marca una importante victoria para la transparencia extractiva y lanza un nuevo mensaje para el API (Instituto Estadounidense del Petróleo) – que presentó una demanda contra normativas similares en EE.UU. – de que la era del secretismo está llegando a su fin.