A finales del año pasado, Canadá aprobó una ley que exige a las compañías petroleras, mineras y de gas publicar (anualmente) los impuestos, las regalías y otros pagos realizados en los países donde operan. Aunque esta sea una muy buena noticia, la sociedad civil canadiense lo celebra con cautela, pues la legislación no especifica que los pagos tengan que ser publicados por país o por proyecto, dejando así lugar para que en el futuro se introduzca exenciones para que las empresas que operan en países especialmente corruptos no tengan que publicar sus pagos. La legislación de la UE para la transparencia extractiva especifica claramente que no se permiten exenciones, principalmente porque este veto tirano fomenta una carrera descendente y crea perversos incentivos para los gobiernos de los países ricos en recursos.
Los detalles de la legislación, como por ejemplo cuántos informes producidos por las empresas están disponibles al público o qué nivel de informe se requiere, se decidirán a partir de ahora a través de un proceso administrativo antes de que la Ley entre en vigor (Ley de la Transparencia del Sector Extractivo) en junio de 2015. Los pagos estarán disponibles a partir de mayo/junio 2017.
“Para los usuarios de datos en los más de 100 países donde operan las empresas extractivas canadienses, Canadá debe garantizar unas normas sólidas para la presentación de informes, en línea con las mejores prácticas mundiales. Esto incluye la declaración de pagos a nivel de proyecto, sin exenciones”.