Guinea Ecuatorial: Intenta presuntamente retomar el camino contra la corrupción

La represión es incompatible con los requisitos de la organización que vela por la transparencia en la industria extractiva

Equatorial Guinea intenta reincorporarse a una organización que trabaja para combatir la corrupción en países con abundantes recursos naturales, señalaron hoy Human Rights Watch, EG Justice y Publish What You Pay. La  Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) exige la transparencia de los ingresos y las actividades relacionados con el petróleo, el gas y la minería, así como el respeto de la sociedad civil. La organización excluyó a Guinea Ecuatorial en 2010, debido a la represión de la sociedad civil en el país, entre otras consideraciones.

Antes de aceptar la solicitud, la junta de la EITI debería evaluar atentamente si se incluyen medidas concretas destinadas a abordar los largos antecedentes de represión de la sociedad civil en el país y a generar un entorno propicio para que los ciudadanos participen en la gestión de los recursos, expresaron las organizaciones. El Fondo Monetario Internacional debería evaluar la solicitud en los mismos términos, antes de decidir si se cumple un requisito que habilitaría a Guinea Ecuatorial a recibir préstamos.

“Si Guinea Ecuatorial cumple los requisitos de la EITI, esto contribuiría a atender la necesidad apremiante de transparencia en su sector petrolero y a proteger el derecho de las personas a participar en debates públicos, incluso sobre la mala gestión y la corrupción gubernamental”, señaló Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Sin embargo, los incesantes ataques a críticos por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial hacen dudar de que la petición para postularse a la EITI sea un intento de buena fe y se trate meramente de un acto que les permita reunir los requisitos para pedir un préstamo al FMI”.

Guinea Ecuatorial es una pequeña nación centroafricana con abundantes recursos petroleros, gobernada por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ha acumulado un inmenso patrimonio para él y su familia a lo largo de los 40 años que lleva en el poder. Gabriel Mbaga Obiang Lima, hijo del Presidente y actual ministro de Minas e Hidrocarburos, ofreció un discurso en la Conferencia Global de la EITI que tuvo lugar el 18 de junio de 2019, en el cual anunció la intención de su gobierno de postularse para ser reincorporado a la iniciativa. De ser aceptado, se cumpliría el último requisito necesario para que el gobierno pueda pedir un paquete crediticio al FMI en el marco de uno de sus programas en curso.

Todo préstamo del FMI que no dependa de reformas genuinas y exhaustivas en materia de gobernanza resulta sumamente preocupante, ante los antecedentes de corrupción y nefasta gestión financiera del gobierno, apuntaron las organizaciones. Estas condiciones son una causa directa de los resultados notoriamente inferiores conseguidos por el país en las áreas de salud y educación, en comparación con la media regional, a pesar de que tiene el mayor nivel de ingreso per cápita del continente africano.

Para postularse a la EITI, los países deben establecer un comité nacional, conformado por funcionarios gubernamentales y representantes de empresas y de la sociedad civil. Dicho comité debe formular un plan para el cumplimiento de los estándares de la iniciativa. El plan debe divulgar información clave vinculada con la gestión de las empresas de petróleo, gas y minería y confirmar que el gobierno fomente “un entorno propicio para la sociedad civil”. Aunque Guinea Ecuatorial ha creado este comité, sus miembros pertenecientes a la sociedad civil se enfrentan a represalias si se pronuncian contra el gobierno.

Guinea Ecuatorial se sumó a la EITI en 2007 pero fue excluido por la junta de dicha organización en 2010. La persecución por las autoridades de un promotor de la buena gobernanza, Alfredo Okenve, que ha sido ampliamente documentada, resulta emblemática de la intolerancia mostrada por el gobierno frente al disenso. Okenve integró el comité directivo de la EITI como representante de la sociedad civil entre 2007 y 2010, y nuevamente entre 2015 y 2017, y es vicepresidente de una de las pocas organizaciones de derechos humanos independientes que funcionan en el país.

En mayo de 2010, fue separado de su cargo en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, tras criticar los antecedentes de transparencia del gobierno en un evento realizado en Washington D.C. Renunció a la EITI en 2017, luego de ser retenido en una dependencia policial durante dos semanas, hasta que aceptó pagar una multa arbitraria de más de USD 3.000. En octubre de 2018, cuatro hombres, que al parecer serían agentes de seguridad encubiertos, lo sacaron a rastras y a punta de pistola de su automóvil, lo llevaron a un sitio alejado y le propinaron una violenta golpiza. Tres meses atrás, la policía impidió que saliera del país.

Las represalias tomadas por el gobierno contra Okenve concitaron atención internacional, pero hay numerosas instancias similares de represión de otros miembros de la sociedad civil a las que, en general, no se les ha dado difusión. Por ejemplo, Joaquin Elo Ayeto, activista en temas de buena gobernanza que es además miembro de un partido político opositor,  ha estado en prisión preventiva en la cárcel de Playa Negra, en Malabo, desde el 25 de febrero, por expresar comentarios críticos acerca de las prioridades gubernamentales sobre gasto.

Dos representantes de la sociedad civil que integran el comité nacional de la EITI, que pidieron no ser nombrados por temor a represalias, afirman que la represión de la sociedad civil se ha agravado en los últimos años. Uno dijo que: “crear un ‘entorno propicio’ para la sociedad civil no es para nosotros en el comité de la EITI. Es para que la sociedad civil en general tenga mayor margen de acción”. El otro manifestó: “El gobierno no respeta a la sociedad civil y no colabora con esta más allá de la EITI. No está habiendo avances. Solamente buscan cumplir con la EITI para poder obtener el préstamo [del FMI]”.

“La legitimidad de la EITI como herramienta anticorrupción se verá afectada si se permite a los gobiernos abusar del proceso para mejorar su imagen, sin que medie la voluntad política necesaria o un compromiso genuino de respetar a la sociedad civil”, sostuvo Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, una organización que promueve los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial. “Sería irresponsable conceder el beneficio de la duda a Guinea Ecuatorial cuando hay un activista contra la corrupción encarcelado y hacinado en una celda desde febrero, presuntamente por atreverse a criticar la forma en que el gobierno gasta los fondos”.