Las industrias extractivas en un mundo con limitaciones climáticas y de recursos

Hace dos semanas, una destacada iniciativa internacional de transparencia del sector extractivo se reunió en Lima, Perú. Es la primera vez que la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se reúne en Latinoamérica para su conferencia global, desde que la iniciativa se fundió en el año 2003.

La semana pasada, una activista ambiental y de derechos de los indígenas de alto nivel, Berta Cáceres, fue asesinada en Honduras. Conocida por su oposición de larga data al proyecto hidroeléctrico más grande de la región, las cuatro presas gigantes Agua Zarca, Berta fue asesinada por sicarios en su propia casa. Se cree que Gustavo Castro, un activista anti minería, que se encontraba con ella en ese momento también era blanco del ataque. Al momento de escribir esto, nadie ha sido arrestado aún en relación con el asesinato de Berta. La seguridad de Gustavo está en riesgo.

Puede parecer que la conferencia de la EITI y el asesinato de Berta no tienen relación, pero los dos demuestran lo peligroso que puede ser asegurar que la explotación de los recursos naturales, sean petróleo, gas, minerales, bosques, agua, tierra, se lleve a cabo de conformidad con las normas de los derechos humanos aceptados internacionalmente, en particular los principios de la participación significativa, la no discriminación y la rendición de cuentas.

Aunque muchos países ricos en recursos, comunidades y ONG con frecuencia levantan la voz en contra de los proyectos extractivos que traen pocos, si es que los tienen, beneficios para las poblaciones locales, en ninguna parte ha habido oposición tan fuerte a lo que se denomina el «extractivismo», como en Latinoamérica.

La crítica de Berta a las presas de Agua Zarca no solo se trataba de oponerse a ese proyecto en particular. Ella cuestionaba el modelo de desarrollo basado en una dependencia cada vez mayor en la extracción de los recursos naturales finitos («extractivismo»)), a expensas de otros modelos de desarrollo más sustentables, equitativos y neutrales en carbono. Para Berta, esto incluye el derecho de las comunidades a decir no a los grandes proyectos que impactan seriamente sus vidas. Berta no está sola. Cuando estuve en Lima la semana pasada, un grupo de ONG latinoamericanas montó una campaña solicitando a la EITI que garantice que se tenga en cuenta el posible impacto que las actividades extractivas tiene o puede tener en las comunidades. Pidieron a la EITI solicitar que las compañías de petróleo, gas y minería divulguen la información de los costos sociales, ambientales y climáticos asociados a sus proyectos. Dado el potencial de la EITI, las ONG estaban pidiendo que la iniciativa explorara cómo incluir la información social y ambiental en el estándar global y que la EITI definiera cómo puede contribuir en el debate sobre el cambio climático en el sector.

Aunque el nuevo Estándar EITI 2016, lanzado durante la Conferencia Global de la EITI en Lima, reconoce la importancia de proteger el espacio cívico e incluye una serie de otros refinamientos útiles, permanece asombrosamente silencioso en relación a los requisitos de información de los impactos sociales y/o ambientales de los proyectos extractivos. En el momento en que la misma EITI está cambiando de «informes a impacto», y después de las conclusiones de la Conferencia sobre Cambio Climático de Paris, durante la cual los gobiernos de forma unánime reconocieron la urgencia de afrontar el cambio climático, es sorprendente que una iniciativa preocupada por la rendición de cuentas de una industria de alto carbono continúe ignorando su contribución a los riesgos climáticos y ambientales. En octubre del año pasado, 35 ONG internacionales enviaron una carta abierta a la EITI solicitando que su junta modificara el estándar para asegurar que las compañías de combustibles fósiles divulguen si sus proyectos pueden o no continuar en un mundo de 1,5 o 2 grados. La carta parece haber llegado a oídos sordos.

La EITI busca ser el Estándar global que pretende promover la gestión abierta y responsable de los recursos naturales, para fortalecer los sistemas de los gobiernos y compañías, informar al debate público y aumentar la confianza. Aunque son bienvenidos los pasos tomados para incluir la protección de los activistas, para que las voces de las comunidades se tomen en cuenta realmente y para haya la posibilidad de diversificar las economías emergentes, se deben hacer mejoras que aseguren que la iniciativa refleja las realidades legales y económicas de sustentabilidad, cambio climático, derechos y agotamiento de los recursos naturales. De otra forma, la EITI tendrá dificultades para seguir siendo relevante en un entorno geopolítico rápidamente cambiante.