Aportaciones a la EITI desde América Latina: medio ambiente y participación social

Los días 19, 20 y 21 de mayo tuvo lugar en Quito el XI Foro sobre las Industrias Extractivas de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), conformada por 12 organizaciones de América Latina y, desde hace más de un año, por Publiquen Lo Que Pagan (PLQP). Además, desde sus inicios en 2009 esta red ha sostenido una estrecha colaboración con el Natural Resource Governance Institute (NRGI).

En esta ocasión, representantes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y México se dieron cita en la capital ecuatoriana para reflexionar y debatir en torno a los efectos que el periodo del boom minero y petrolero ha dejado en la región. También sobre los retos que nuestros países enfrentan en este momento, cuando el precio de diversos minerales ha ido cayendo progresivamente, mientras que el del petróleo lo ha hecho en caída libre.

De esta manera, se trató de analizar los impactos que el extractivismo ha tenido y tiene sobre la economía, las finanzas públicas, la política social y ambiental, la descentralización y la transparencia, la participación y la consulta previa. Y, por supuesto, de seguir indagando sobre las alternativas, existentes o por crear, a este supuesto modelo de desarrollo que deja a su paso gran degradación ambiental, violaciones a derechos humanos y grandes emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

Entre los temas discutidos, uno que cobró especial relevancia y que se desprendió de las dinámicas observadas en los países, fue el hecho de que los gobiernos, lejos de buscar alternativas a este modelo, se han propuesto profundizarlo. De esta manera, tratan de compensar la caída de los precios aumentando la producción y extendiendo la frontera extractivista.

Para ello, así como para abaratar costos a las empresas que desarrollan los proyectos, varios gobiernos latinoamericanos han emprendido acciones para debilitar la regulación de la actividad petrolera y minera, especialmente aquella relacionada con la protección del ambiente y la población. Es decir, acciones que faciliten a las compañías la obtención de los permisos ambientales y de otros tipos para ingresar en los territorios. Esto ha venido acompañado de una mayor centralización de la toma de decisiones en detrimento de la participación de la población y los gobiernos locales.
Todo ello plantea un panorama preocupante ante el cual la sociedad civil de la región está buscando maneras creativas de actuar. Parte de las mismas pasan por fortalecer los mecanismos de información y de participación en las políticas relacionadas con el sector extractivo y, en particular, aquellas relativas a la regulación ambiental.

Para ello, hay diferentes vías. Desde la RLIE creemos que una de ellas es generar mayor transparencia en torno a los recursos que las empresas y los gobiernos dirigen para prevenir, mitigar y, ante casos que deben ser la excepción, compensar los impactos ambientales que se traducen en daños a la población. Por ello, nos parece fundamental que la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), cada vez más presente en nuestra región, incorpore la obligación de generar información sobre este tema. Esto en línea de lo que ya ha planteado la sociedad civil de Colombia y Perú y lo que planteará, con mucha seguridad, la de México.

En este sentido se podría, por ejemplo, impulsar la difusión de todos los documentos involucrados en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, para facilitar la participación social en los mismos. Otra opción es que las empresas empiecen a publicar los pagos que hacen para cumplir con las obligaciones que se establecen en las autorizaciones de impacto ambiental una vez aprobadas, y que tienen que ver con acciones necesarias para prevenir daños. Otra es que los gobiernos den información sobre el presupuesto que dirigen a acciones de vigilancia de la actividad extractiva, que permita detectar malas prácticas de manera oportuna y sancionar adecuadamente a los responsables.

Pero todas estas medidas serán insuficientes si, de manera paralela, no se implementan otras que fortalezcan la participación de sociedad civil en los procesos EITI nacionales. Sin ello, no es posible contar con estándares que respondan a las demandas y necesidades existentes en los países. Asimismo, los procesos se convierten en ejercicios de legitimación de gobiernos, empresas y actividad extractiva y no en cambios sustantivos para la población. Experiencias como las vividas en Guatemala y Honduras donde la EITI ha sido implementada al margen de la sociedad civil independiente y crítica al extractivismo son ejemplos de ello. Así, es también importante que desde la región latinoamericana impulsemos espacios de participación más incluyentes y efectivos, libres de coacción y cooptación, en línea con los esfuerzos que se están haciendo desde otros frentes.

Por todo ello, desde la RLIE y en conjunto con nuestros aliados y aliadas trabajaremos para que estos temas sean incluidos en la EITI, para lo cual un momento clave es la próxima Conferencia Global de la EITI en Lima los días 25 y 25 de febrero de 2016. Se trata de la primera vez que este evento se realizará en América Latina, por lo que es una gran oportunidad para hacer oír nuestra voz alta y clara. Les animamos a acompañarnos en este camino y unirse a nuestra campaña, de la cual les seguiremos informando en los próximos meses.

Aroa de la Fuente – Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)
Integrante del Consejo Global y el Consejo de Administración de PLQP